Una norma que afecta a más de 5,7 millones de personas en nuestro país, el 12 por ciento de su población; que incide directamente en su día a día en múltiples aspectos y de la que depende su vida en España. La Ley de Extranjería sufrió el año pasado su cuarta reforma desde que fue aprobada en 2000, pero a día de hoy aún está pendiente de su desarrollo reglamentario, que seguramente no llegará hasta después de verano.
El pasado lunes se celebró en Antequera una jornada de trabajo dirigida a profesionales que se centró precisamente en este aspecto, y que también abordó el tratamiento de la información referente a la población extranjera.
Según el padrón de 2009 nuestra comarca cuenta con un 6,28 por ciento de población foránea, el triple que cinco años atrás (en 2004 los extranjeros suponían algo más del 2 por ciento del total). En total, son 7.447 personas que se verán beneficiados por algunas modificaciones de la ley gracias a los recursos presentados por las organizaciones no gubernamentales contra el anterior texto normativo por considerar que atentaba contra los derechos fundamentales de la persona.
En la jornada celebrada en Antequera fueron los abogados Teresa Romero y Jesús Pedrosa, voluntarios de Málaga Acoge en Antequera, los encargados de analizar los cambios operados en la ley. Los motivos que llevan a una cuarta reforma son la adaptación a muchas de las directivas europeas aprobadas en los últimos años y, sobre todo, los recursos de inconstitucional presentados ya que las ONG entendieron que se limitaban derechos fundamentales como los de huelga, asociación o sindicación, recogidos en nuestra Constitución.
La reforma aprobada también introduce otra serie de cambios referentes a los tipos de autorización, la reagrupación familiar (ahora también se incluye la pareja de hecho dentro del núcleo familiar), la obligación del pago de tasas para que se devenguen al realizar las solicitudes y no al resolverse las mismas, así como cambios en el régimen de sanciones que afecte también a transportistas y empleadores.
Según Pedrosa, el texto aprobado el año pasado cuenta con “algunos aspectos favorables” pero matiza que en su conjunto desde Málaga Acoge en Antequera deben valorarlo “negativamente porque no recoge muchas de las reivindicaciones que se llevan haciendo desde hace tiempo”.
Es el caso, por ejemplo, de los casos de violencia machista: la ley prevé conceder permisos de trabajo a las extranjeras víctimas de este tipo de delitos, pero la autorización no se resuelve hasta que no concluya el procedimiento penal y para solicitala deben contar con una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal.

“Viejas recetas”
Para bregar con toda esta normativa y hacer un poco más fácil la vida de las personas que llegan a España en busca de una nueva vida existen organizaciones como Málaga Acoge en Antequera. En 2009 atendieron a 528 personas, doscientas de las cuales carecían de permiso de trabajo o residencia. Las consultas jurídicas fueron 208.
En general, para Andalucía Acoge el conjunto de la reforma es de carácter restrictivo y “se alinea con el giro a la derecha de la política europea de inmigración”. Recuerdan que el control y la represión son “viejas recetas que llevan dos décadas sin funcionar para abordar el fenómeno de la inmigración”.
Las objeciones de esta ONG son varias: la falta de pertinencia de estos cambios que dan la sensación de que en crisis las personas inmigrantes “sobran”, no se llegan a universalizar derechos fundamentales como el de educación (donde se remite a la legislación general y se crea un vacío legal) o el de justicia gratuita (donde se les pide una doble petición para recurrir a los tribunales), se restringe la reagrupación familiar para los ascendientes de ciudadanos extranjeros y también para los de los españoles, se amplían las infracciones y se agravan las sanciones contra quienes ayuden a extranjeros con contratos inexistentes, se acuerda establecer el régimen de los centros de internamiento mediante reglamento y no por ley orgánica como establece el Tribunal Supremo y a la víctima de violencia de género que esté en situación irregular se le sigue incoando expediente de expulsión.
Teniendo en cuenta que España no llega a ejecutar más del 30 por ciento de las órdenes de expulsión que suponen en total menos del 5 por ciento de los inmigrantes irregulares, según los datos que maneja Andalucía Acoge, el inmigrante irregular es en realidad un futuro inmigrante documentado. Por ello, según la ONG, “su acceso a los servicios y derechos debe verse como un proceso integrador, no excluyente”.

Encarni Mármol